Román Ramírez Carrillo
Nos engañamos si pensamos que las cosas cambiarán después de las elecciones. Hoy, lo que necesita México para sobrevivir no es un nuevo Presidente, sino un nuevo acuerdo social. Nuestro régimen político actual no es viable, pues este sistema político produce corrupción porque está basado en la toma de puestos públicos por afinidad política, por cercanía o interés económico.
Nuestro Sistema Político es un andamiaje de leyes y estructuras apuntaladas por los valores autoritarios ampliamente compartidos por toda la clase política. En esta elección del 2018, seguirá vigente esta rapiña, y no hará sino reproducir la mecánica del botín, de la caza, de la toma o captura del poder. Lo único que cambiará será la narrativa según la coalición que obtenga la mayoría, pero será lo mismo, aunque haya izquierdas y derechas en las tres coaliciones.
Podrán cambiar los nombres, las palabras, los gestos y los ademanes, pero no las prácticas políticas. Esto lo hemos atestiguado una y otra vez en todos los ámbitos de la vida política de México.
Mientras este régimen político se mantenga intacto, no cambiarán las prácticas políticas. Se ganan las elecciones para hacerse de puestos públicos para repartirlos entre los leales al sistema.
Las tres coaliciones que están compitiendo por los votos en realidad están en lucha para quedarse con los puestos y los presupuestos que se habrán de repartir entre los seguidores y cercanos, no con los capaces.
Las instituciones ciudadanizadas, fueron creadas para contener los excesos que comete el poder, pero esas instituciones también fueron capturadas. Fueron entregadas a las cámaras legislativas, y así, se convirtieron en un nuevo botín y en un nuevo espacio para negociar y ejercer posiciones de poder.
El caso más sintomático de corrupción a Consejeros es la llamada Operación Bronco, en la que cuatro magistrados legitimaron las trampas con argumentos de “debido proceso”, quienes fueron convencidos o presionados para orientar el sentido de su voto.
Se operó primero con los tres votos duros del PRI en el Trife, formados por los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto y Felipe Fuentes, todos propuestos por la bancada priísta en el Senado, pero los tres votos no alcanzaban y necesitaban a un cuarto magistrado que les diera la mayoría, Indalfer Infante, propuesto por el PRD fue el último en convencer.
Es tiempo ya de admitir como sociedad, que ha llegado el momento de parar. Se hace indispensable una toma de conciencia y compromiso de todos los actores sociales para dejar atrás la idiosincrasia del sistema político actual y establecer un nuevo pacto social.
Tenemos que pensar en la construcción de nuevos caminos de entender y hacer efectiva la democracia, esto es, una democracia de instituciones orientadas a evaluar candidatos para puestos públicos de los tres poderes, que da seguimiento al desempeño de manera constante, donde los integrantes de los tres poderes estén ahí solo por sus capacidades y una trayectoria limpia, recibiendo a cambio un sueldo equivalente a un profesionista medio, dependiendo de sus resultados en el ejercicio de su puesto como servidor público.
Un dilema:
¿El fin de la política: el poder o el servicio?
Juan Andrés Guzso
Hoy en día, gran parte de los opinadores, líderes de opinión y analistas políticos están esfrascados en dirimir los “pros y contras” de cada uno de los aspirantes políticos a un puesto de elección popular, en particular están concentrados en los aspirantes a presidentes de la República, dentro del marco de nuestra democracia “sui generis”. Todo ello en función de ayudar a la ciudadanía a tener un voto razonable el próximo mes de julio.
Sin embargo, creo necesario remontarnos más allá de las opiniones y análisis, para preguntarnos: ¿Cuál es el fin de la política: el poder o el servicio?, porque al final de cuentas aquí está la clave para entender tanto las actitudes como los discursos de los aspirantes. Este es uno de los criterios básicos para hacer un juicio razonable, más que las promesas de campaña.
El poder es la capacidad y el ejercicio de dominio sobre los demás. En el caso de la política, se busca el bien común de la sociedad a través del ejercicio del poder, concedido por el pueblo a sus gobernantes legítimamente elegidos. Hay una relación de interdependencia y gobernanza entre el gobernante y sus gobernados. El problema se complica cuando no es la mayoría quien la ha elegido, sino una minoría poderosa que impone a través de leyes a modo a los gobernantes afines a sus principios ideológicos, lo cual implica un desequilibrio entre lo que necesita la sociedad y lo que se impone en la gobernanza; otra consecuencia es el distanciamiento entre gobernantes y gobernados al tener visiones diferentes entre el pensamiento gubernamental y las necesidades de la población.
El servicio es la capacidad de poner en juego las habilidades y competencias al servicio de la búsqueda de solución de las necesidades de los gobernados en un equilibrio de funciones y en igualdad de responsabilidades. Es el ejercicio del poder como servicio en aras del bien común dentro de la diversidad sociocultural de los ciudadanos del país. Es el ejercicio del servicio a los demás y no de servirse de los demás; es el poder como servicio, donde se antepone el bien social al bien individual en un proyecto político social para un crecimiento humano en todos los miembros de la sociedad.
Suena a utopía.
¿Pero acaso no vale la pena analizar todo este contexto político que estamos viviendo desde esta perspectiva?
¿Qué candidato/a a un puesto de elección popular se postula como un servidor de la sociedad?
¿Quién está dispuesto a bajarse de su pedestal político/mercantilista y servir a una comunidad sea pequeña o grande con el fin de mejorar la vida de sus ciudadanos?
Ustedes tienen las respuestas.
El Atrio de los
Paganos
Herodes Antipas
“Que construya el nuevo aeropuerto con su dinero”. Candidato Andrés Manuel López Obrador.
Esa fue la respuesta de AMLO al Ing. Carlos Slim en la que defendió el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, basado en dos argumentos, la zona es idónea, y se rescataría una zona deprimida. Pero no se puede repicar y andar en la procesión. El problema es que el ingeniero Slim, al defender el NAIM, defiende sus propios intereses económicos. Su yerno realizó el trazo arquitectónico. Su constructora es una de las principales contratistas. El Ingeniero Slim, es juez y parte, y se adelanta a un suceso que aún no se ha dado.
“Tu experiencia, tu liderazgo, será fundamental para tener el mejor proyecto en materia cultural en esta campaña”. Candidato Ricardo Anaya Cortés
En caso de que gane Anaya, ya está lista la política cultural del próximo sexenio, y fue diseñada por el Ex rector de la U de G, Raúl Padilla. No es exagerado decir que es el político más poderoso del Estado. No depende de los cambios electorales, gane quien gane, debe llegar a acuerdos con él. Su brazo político se encuentra en las tres instancias de gobierno, y en instituciones ciudadanas como ITEI y el IEPC. Está ya apuntado para la Secretaría de Cultura a nivel nacional. Ocupar ese alto puesto es garantía para traer espectáculos de calidad a los nuevos escenarios culturales ue ha construido, pues la Universidad de Guadalajara no produce cultura para presentar en esos escenarios. No tiene una Compañía de teatro, ni una Orquesta, ni Compañía de Danza Clásica.
Los mínimos
salarios
Alberto Gómez Barbosa
Con la imposición del modelo económico neoliberal, aceptado por los gobiernos de México desde la década de los años ochenta del pasado siglo, la economía de la mayor parte de los ciudadanos ha sido afectada, mientras los salarios tienen pequeños incrementos, los precios de los servicios y las mercancías han subido en una proporción mayor, lo que ha provocado dificultades en la vida diaria de un alto porcentaje de la clase trabajadora.
Descriptiva es una gráfica publicada por El Financiero, en la que compara salarios mínimos con un comestible que está presente en casi todas las mesas mexicanas: la tortilla. En 1992 el salario mínimo era de $13.33, es decir $400.00 mensuales, con el salario de un día se podían adquirir 13 kilos de tortillas; en 2006, el mínimo diario era de $48.67 cantidad suficiente para adquirir 6.5 kilos de tortillas; en 2018 el salario diario de $88.36 alcanza para los mismos 6.5 kilos. Como puede verse, hay una pérdida importante del poder adquisitivo de la clase trabajadora. Un estudio que utilizara como referentes a los combustibles resultaría, seguramente, de mayor impacto. En un reporte de la Universidad Iberoamericana, titulado “Pobreza persistente en México, mercados laborales con bajos salarios” se afirma que es necesario un ingreso de $353.00 por jornada laboral para que una familia supere la línea de pobreza.
Se necesita un ingreso de $95.40 diarios para solventar los gastos indispensables de un individuo, pero el espíritu de los ingresos laborales, dice el reporte de la Ibero, es que un salario debe proveer lo suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia de cuatro miembros, y es que no se trata de que los trabajadores y sus familias sobrevivan, deben tener posibilidades de prosperar. Una Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la colaboración del INEGI, ha revelado que de los 52 millones de mexicanos que trabajan, 5 millones ganan menos de $1,500 mensuales; 9 millones obtienen entre $1,500 y $3,000 mensuales, 17 millones ganan entre $3,000 y $5,000 por mes y 10 millones entre $5,000 y $8,000; son solamente 880 mil afortunados los que ganan más de $20,000 mensuales.
En gran parte, debido a lo bajo de los salarios que aquí se pagan, México entró con fuerza al grupo de países maquiladores, seguramente quienes dan los contratos tomaron en cuenta, también, la cercanía con los Estados Unidos que permite movilizar mercancías con fletes menores que en los países asiáticos, por ejemplo. La zona fronteriza, principalmente Ciudad Juárez y Tijuana se llenó de parques industriales donde se maquilan cantidades enormes de insumos a costo menor de lo que saldría en sus países de origen.
Varias marcas norteamericanas de automóviles se arman en nuestro país, lo cual aprovechó Donald Trump en su campaña, ofreciendo a sus compatriotas, sobre todo a los obreros de la antigua zona automotriz −Detroit y sus alrededores− el regreso del trabajo a las antiguas plantas.
No le ha sido fácil cumplir el ofrecimiento, pero en las empantanadas negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio, tanto los representantes canadienses como los norteamericanos han presionado por una elevación sustancial de los salarios en México pues consideran competencia desleal que la mano de obra en nuestro país sea tan barata; increíblemente, algunos sindicatos y la Secretaría del Trabajo, de México, han sido los mayores oponentes a esas mejoras. Un replanteamiento serio de los salarios tendría consecuencias positivas para las empresas, pues al incrementar el poder adquisitivo de la población, el número de consumidores aumentaría junto con sus posibilidades de adquirir más satisfactores. México tiene un mercado interno de 130 millones de habitantes, por desgracia descuidado, como afirmó recientemente Lorenzo Lazo Margáin, miembro del consejo asesor de México Cumbre de Negocios, quien señaló que las empresas extranjeras han desplazado a las nacionales en nuestro mercado interno que tiene un potencial enorme y para colmo, sacan utilidades del país, no las reinvierten en México.
Hay mucho por hacer en favor de las clases trabajadoras de la ciudad y del campo. Ingresos suficientes en pago de sus trabajos, seguridad en los mismos, apoyos en salud, educación y seguridad social, son, entre otros, derechos con los que deben contar. Un México justo, en otras palabras, que traería beneficios para todos.

Publicar un comentario