
La amenaza de cárcel suponía que en Bolivia no se podría predicar el Evangelio. Las homilías y sermones podrían interpretarse como "apostolado delictivo"Semejante redacción pone al mismo nivel el reclutamiento de gente para conflictos armados (¿terroristas?) con el apostolado religioso, lo cual es chocante y supone un atropello contra la libertad religiosa. Pero además, la amenaza de cárcel suponía que en Bolivia no se podría predicar el Evangelio. Las homilías y sermones de sacerdotes y pastores podrían interpretarse como "apostolado delictivo". Ante el anuncio del nuevo Código Penal, los primeros en protestar fueron los médicos y transportistas, aunque las manifestaciones más importantes fueron las organizadas por católicos y evangélicos del país. También han protestado la Central Obrera Boliviana -el principal sindicato del país-, la Federación Sindical de Trabajadores en Salud, la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, la Confederación del Transporte Pesado, la Cámara Nacional de Comercio, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia o la Federación del Magisterio Urbano.
Morales acusó a la derecha de montar una "conspiración" contra él y de haber contaminado a la población con falsedadesPese al intento de Morales de acusar a la derecha haber montado una "conspiración" contra él, y de haber contaminado a la población con falsedades, lo cierto es que los grupos que han frenado su nuevo Código Penal son heterogéneos. Además, otra de las cuestiones que más ha soliviantado a la población es la intención de Evo Morales de presentarse a la reelección, pese a que ya lleva 12 años gobernando -la Constitución sólo permite gobernar dos periodos consecutivos, pero el Tribunal Constitucional le habilitó para poder ser reelegido las veces que quisiera-. Pero el frenazo a la reforma del Código Penal no es definitivo. El proyecto totalitario de Moarales todavía debe refrendarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de que ésta revoque la ley, se podrá afirmar que la presión ciudadana ha doblegado a Morales; si sigue en vigor, la presión recaerá sobre el Legislativo.
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