Los docentes jubilados reclaman los beneficios adquiridos en el “Plan de Pensiones de Empleados de Escuelas Católicas”. Ya que la Arquidiócesis no pagó la deuda que se les imputa, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó el embargo de los bienes arquidiocesanos.
Para evitar el embargo, el Arzobispo de San Juan, Mons. Roberto González Nieves, junto a miembros del Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores del mismo, se acogieron a la Ley de Quiebras el pasado 28 de agosto.
Al ser acogido el recurso, las cuentas del Arzobispado de San Juan han sido congeladas.
La abogada de la Arquidiócesis, Carmen Conde, dijo a Associated Press que la declaración de bancarrota no busca evadir el problema sino que “fue el último recurso” utilizado para proteger a las parroquias y entidades dependientes de la Iglesia.
Aún así, Conde aseguró que la declaración de quiebra afectará a unos 75 empleados y decenas de parroquias en todo el territorio de Puerto Rico.
A través de un comunicado emitido el 1 de septiembre, el P. Alberto Figueroa Morales, Vicario General y Moderador de la Curia, explicó que el “Plan de Pensiones de Empleados de Escuelas Católicas” es la “única entidad responsable de las pensiones”, más no la arquidiócesis de San Juan.
“En ese plan solo aportaban las escuelas, patronos-participantes, y era gratuito para el empleado. Además, a diferencia de los maestros de las escuelas públicas, las escuelas católicas han hecho siempre las aportaciones al seguro social”, agregó.
“La Arquidiócesis de San Juan, sus parroquias, escuelas parroquiales y de órdenes religiosas, han cumplido y cumplen cabalmente con sus compromisos, por eso la solicitud de protección radicada no es para no pagar, por el contrario, se instó para aclarar toda la situación”.
El P. Figueroa aseguró que “este no es el primer ataque contra nuestra Iglesia y nuestra fe. Hay personas que están aprovechando la situación para difamar, insultar, y evitar la misión evangelizadora de nuestra Iglesia”.
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