Este grupo de abogados y juristas de dilatada trayectoria defiende que “la Libertad de Educación es de los padres, el Derecho a la Educación es de los niños, y la obligación de garantizarlos, del Estado. No existe ni la Libertad ni el Derecho a la Educación por el Estado”.
Según precisan en un comunicado, el objetivo de la comisión es “coordinar el conjunto de las acciones legales que se van a plantear a partir de ahora a nivel autonómico y nacional, a fin de exigir el escrupuloso cumplimiento de la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales, así como la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”.
Una Comisión Jurídica Nacional que nace “en defensa del modelo educativo que recoge el artículo 27 de la Constitución española, en el que la Libertad de Educación es nuclear”.
Además precisan que “no escatimará esfuerzos ni recursos en acudir y recurrir ante las instancias que correspondan y ante tribunales de cualquier orden, ya sean nacionales, europeos o internacionales, para exigir el respeto al derecho fundamental a la Libertad de Educación”.
Con la constitución de esta comisión se pretende que “los padres puedan elegir libre y voluntariamente la educación de sus hijos conforme a sus convicciones éticas o religiosas y rechaza frontalmente la imposición estatal de materias y principios con sesgo ideológico”, en definitiva, “una auténtica Educación por Derecho”.
Entre las adhesiones que cuenta esta Comisión Jurídica está las Universidades San Pablo CEU; la Fundación Educatio Servanda; la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, la Asociación Católica de Propagandistas y la iniciativa yolibre.org por la libertad de educación.
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