En Argentina existe el aborto por riesgo de salud de la madre y por violación de una mujer considerada “idiota o demente”.
En su análisis aseguró que el proyecto “postula la completa legalización del aborto hasta la semana 14 y, luego de ese plazo, por amplias causales que involucran toda situación que pueda afectar la salud física, psíquica y social de la madre, la violación o las malformaciones fetales graves”.
El proyecto “no contiene ninguna propuesta concreta de políticas públicas a favor de la maternidad”, al contrario, promueve el aborto “para situaciones de carácter social, como la pobreza”, sin incluir “solución a los problemas de fondo que pueden haber llevado a la persona a considerar el drama del aborto”, indicó el documento.
El Centro de Bioética, Persona y Familia señaló que los principales temas que deben debatirse son la maternidad vulnerable y la mortalidad materna.
Para el primer punto propusieron diez “lineamientos para una política pública integral” que apoye “la maternidad en sus diferentes etapas”.
Es decir, en “un esfuerzo interdisciplinario” que va desde la atención prioritaria de la madre, orientación, seguimiento, inversión en infraestructura e insumos, capacitación, elaboración de informes “confiables”, entre otros.
En cuanto a la mortalidad materna, la institución aseguró que se debe “mejorar el tratamiento de complicaciones obstétricas, los cuidados y controles prenatales y un acompañamiento sanitario, social, económico y psicológico de la mujer y su hijo por nacer, a fin de garantizarle a ambos el máximo nivel de salud”.
“Antes que la legalización del aborto, hay que explorar otros caminos que buscan atender a los graves problemas de salud materna que existen”, afirmó el centro.
El informe también analizó “los alcances del aborto libre y sus proyecciones sobre el resto del ordenamiento y la sociedad”. Indicó que la eliminación “de una persona inocente supone un quiebre en las bases mismas de la convivencia, con hondas consecuencias sociales, culturales y políticas”.
Además “el aborto libre introduce un dinamismo de exclusión y descarte de seres humanos, que violenta el derecho a la vida junto a muchos otros” e incrementa “las presiones sobre la mujer que quiere llevar adelante el embarazo”.
“El aborto libre genera condiciones jurídicas que favorecen una concepción tecnocrática de la sociedad en la que las personas son valoradas sólo por su eficiencia y utilidad”, agregó.
“El aborto libre, en alianza con estudios genéticos cada vez más precisos, tempranos, seguros y accesibles, genera las condiciones jurídicas para la sistemática eliminación prenatal de personas con discapacidad”, como en el caso de los países con aborto legal que descartan personas con síndrome de Down.
Respecto al ordenamiento jurídico, la institución expresó que “no existe ningún documento internacional ni tratado vinculante para la Argentina que expresamente establezca un pretendido derecho al aborto”, “la legalización del aborto vulnera el derecho a la vida y significa un quiebre en la coherencia del sistema punitivo del Código Penal”.
Por último, precisaron que la omisión del derecho a la objeción de conciencia en el proyecto de aborto “constituye una grave amenaza a la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los profesionales de la salud” e ignora el fallo de la Corte Suprema de Justicia que manifestó que “negar la objeción de conciencia contradice los códigos de ética médica vigentes en nuestro país”.
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