Redacción Central, 29 Oct. 21 (ACI Prensa).- El día miércoles 27 de octubre la defensora del pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, junto a funcionarios de su entidad y activistas en favor del aborto, vandalizaron la sede de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en La Paz.
La movilización se realizó después de que algunas instituciones gubernamentales y prensa, incluida la extranjera, denunciaran que la Iglesia Católica en Bolivia ha obligado o intervenido para que una niña de 11 años, embarazada producto de una violación, rechace abortar, continúe con la gestación y sea trasladada a un albergue.
Varias organizaciones intentaron que la menor se realice el aborto; sin embargo, la niña y su madre se opusieron.
El sábado 23 de octubre, con una carta escrita a mano, la niña desistió formalmente de proseguir con el aborto y fue dada de alta el martes 26 de octubre. Luego, la menor fue trasladada a un albergue dirigido por la Iglesia Católica en Santa Cruz de la Sierra, por decisión de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Desde entonces, la acción caritativa del clero boliviano fue respondida con ataques y acusaciones de una supuesta injerencia en las decisiones de la familia de la menor.
Según se observa en las imágenes del 27 de octubre, los exteriores de la sede episcopal fueron pintados con graffitis y se pegaron pancartas con varios mensajes proaborto.
Activistas en favor del aborto vandalizan sede de la Conferencia Episcopal Boliviana, en La Paz, el miércoles 27 de octubre. @IglesiaVivaCEB pic.twitter.com/XTd0fgj3cJ
— Diego López Marina (@dlopezmarina) October 29, 2021
Se pueden leer frases como: “Niñas no madres”, “violadores”, “no son provida son proviolación”, “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “si hay violación hay interrupción”, “violadores y curas perversos”.
En un video se observa a decenas de personas en los exteriores del Episcopado protestando.
Funcionarios públicos de @DPBoliviaOf protestan en favor del aborto frente a la sede de Episcopado boliviano. (27/10/21) pic.twitter.com/ovPk7dU8Is
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En una declaración concedida al programa “No mentiras”, que transmite la red de televisión PAT, la doctora Susana Inch, asesora legal de la CEB, dijo que “varios de los que estaban en la agresión usaban chalecos de la Defensoría del Pueblo”. Indicó que se denunciará a esta entidad ya que “hay daño a la propiedad” y “están identificadas las personas”.
“Es absurdo, esa forma en la que lo han hecho”, dijo, y agregó que todos los temas judiciales se “tratarán judicialmente”.
Miembros de la Defensoría del Pueblo de Bolivia participaron en actos vandálicos contra la propiedad privada del Episcopado boliviano, en la Paz, el 27 de octubre. @DPBoliviaOf @IglesiaVivaCEB pic.twitter.com/fIYqNt3Rd1
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En la misma entrevista, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, respondió a Inch y confesó que encabezó la violenta movilización.
“Si a la Conferencia Episcopal le preocupa la participación de la Defensoría del Pueblo, porque ha identificado chalecos de la Defensoría, le digo que yo he ido personalmente y he encabezado la movilización desde la Defensoría del Pueblo hasta la Conferencia Episcopal, en el ejercicio de nuestras funciones de denuncia por las violaciones de derechos humanos que en este momento está incurriendo la Iglesia”, dijo.
“Si le preocupa tanto la propiedad, no nos extrañaría que estén preocupados en la propiedad y no en los casos de tortura que están ejecutando”, agregó.
La defensora del pueblo de Bolivia, @NadiaCruzDP, admite ante la prensa que lideró marcha que atacó sede de la Conferencia Episcopal de Bolivia. @DPBoliviaOf @IglesiaVivaCEB pic.twitter.com/52edjX25bh
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En declaraciones a la BBC, Cruz acusó a la Iglesia Católica y a grupos provida de ejercer presión sobre la niña y su madre “para que cambiaran de opinión y desistieran de continuar con la interrupción del embarazo”.
El embarazo de la menor ocurrió en la ciudad de Yapacaní, departamento de Santa Cruz, tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro de 61 años, hoy detenido. La niña tiene 21 semanas de gestación y se encuentra en un albergue administrado por la Iglesia boliviana.
En declaraciones a ACI Prensa, el delegado episcopal de Salud de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, Víctor Hugo Valda, aseguró que la Iglesia no incurrió en injerencia o intervención alguna y que “no se ha hablado hasta el momento ni con la niña ni con la madre”.
“Lo que la Iglesia hizo fue apersonarse el día lunes para que se respete la voz de la niña y de la mamá que no querían interrumpir el embarazo, y porque además, obligarle a hacerse un aborto sería un delito. La Iglesia estuvo presente para eso y preguntar por el estado de la niña”, comentó.
También criticó que a la Iglesia se le esté “acusando de haber realizado un secuestro” a la menor.
“Para que quede claro, la institución que ha tomado la decisión del lugar al que tiene que ir la niña, y que ha trasladado físicamente a la niña, de la maternidad al albergue, ha sido la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, aseguró.
Asimismo, reiteró que la Iglesia no ha estado “físicamente durante el traslado de la menor ni ha participado en las decisiones sobre la niña”.
“Ellos decidieron llevar a la niña a este hogar, tras el ofrecimiento público de la Iglesia”, subrayó.
El 26 de octubre, la Secretaría General de la CEB exhortó a las autoridades del país a respetar y proteger el derecho a la vida y salud de una niña de 11 años y de su bebé en gestación.
“Ambas vidas merecen y deben ser protegidas. Afirmamos que, tanto los derechos de la niña, como los del bebé que crece en su vientre, deben protegerse, ya que ambos son inocentes y víctimas de un acto criminal, que tiene una gravísima responsabilidad por la que se debe responder”, indicó CEB en un comunicado emitido el 26 de octubre.
Los obispos recordaron “que no se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito, aún bajo causales de impunidad y no se puede forzar a nadie, ni al personal de salud, a cometer este delito”.
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