Redacción Central, 30 Oct. 21 (ACI Prensa).- En medio de una ola de ataques mediáticos y vandálicos contra la Iglesia en Bolivia, el delegado episcopal de Salud de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra desmintió que se haya intervenido en la decisión de una niña de 11 años, embarazada producto de una violación, de continuar con la gestación o de practicarse un aborto.
“La Iglesia no ha presionado a la niña para que cambie de opinión. Lo que se está buscando es amedrentar a la Iglesia para que no haga su labor legal de cercanía y de estar presente para que se cumpla la ley y se vele por los derechos humanos”, aseguró a ACI Prensa, Víctor Hugo Valda, delegado episcopal de Salud de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra.
La declaración del delegado episcopal de Salud se produce luego de duras críticas de los defensores del aborto que acusan a la Iglesia de intervenir en la decisión de la niña. Varias organizaciones, incluida la Defensoría del Pueblo, presionaron sin éxito que se realice el aborto a la menor.
En declaraciones a la BBC, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, acusó a la Iglesia Católica y a grupos provida de ejercer presión sobre la niña y su madre “para que cambiaran de opinión y desistieran de continuar con la interrupción del embarazo”.
Asimismo, en declaraciones al programa “No Mentirás”, del medio PAT, Cruz anunció el 27 de octubre que demandará ante la Fiscalía a personeros del Arzobispado de Santa Cruz de la Sierra que supuestamente hicieron contacto con la niña tras ingresar al hospital donde era atendida. Agregó que la denuncia se extenderá al personal del Hospital Percy Boland, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní y a la propia madre de la menor.
Los delitos que se considerarían en la denuncia penal serían trata de personas, tortura con fines de embarazo forzado y/o actos de disposición de ser humano.
Valda denunció que “lo que se plantea ahora es que los providas y la Iglesia están en contra de los derechos humanos en este caso particular”. “Sin embargo, la Iglesia desde el inicio ha demostrado cercanía y apoyo concreto. Ahora incluso nos critican por ofrecer, por ayudar materialmente a la niña con hogar, educación, medicina, tratamiento psicológico”.
“A la Iglesia se le está acusando de haber realizado un secuestro a la menor. La demanda de la misma Defensora del Pueblo es por una serie de cosas irracionales y faltas de verdad”, aseguró.
La niña, que reside en la ciudad de Yapacaní, Santa Cruz, resultó embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro de 61 años, hoy detenido.
Ella tiene 21 semanas de gestación y se encuentra en un albergue dirigido por la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, por decisión de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
El sábado 23 de octubre, con una carta escrita a mano, la niña desistió formalmente de proseguir con el aborto y fue dada de alta el martes 26 de octubre. Esta decisión también fue apoyada por la madre de la menor.
Frente a las acusaciones de intervencionismo por parte de la Iglesia, Valda reiteró que “la niña se encuentra en el hogar designado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní”.
“La Defensoría la trasladó a un hogar de la Iglesia Católica especializado en la atención de madres y niñas adolescentes. La Iglesia, por tanto, no la ha trasladado y no ha participado en la decisión”, aclaró.
El delegado episcopal de Salud de la arquidiócesis también aseguró a ACI Prensa que la Iglesia no pudo haber interferido en ninguna decisión, porque no tuvo contacto con la madre ni la menor cuando ellas decidieron continuar con el embarazo.
“Como delegado episcopal de Salud, yo no había hablado con la madre. Hasta ahora no he hablado con la madre ni con la niña”, afirmó.
No obstante, aseguró que “la Iglesia ha hecho lo que debe hacer a pesar de las persecuciones”.
“La Iglesia ha sacado un comunicado oficial donde se repudia el crimen de la violación; donde se muestra solidaridad y cercanía con la niña y la madre; deja claro que el crimen de la violación no se soluciona con otro crimen que es el aborto; también ofrece apoyo con un hogar especializado en atención de niñas y adolescentes embarazadas, y ofrece también medicina, tratamiento psicológico y vivienda gratuita”, explicó.
Respecto a las acusaciones de Cruz, Valda reiteró que lo único que hizo la Iglesia “fue apersonarse al hospital para que se respete la voz de la niña y de la mamá, que como sabíamos, no querían interrumpir el embarazo, y porque además, obligarle a hacerse el aborto es un delito”.
“La Iglesia estuvo presente para ello y para preguntar por el estado de la niña y el bebé en gestación. La Iglesia no ha estado físicamente durante el traslado de la menor ni ha participado en las decisiones sobre la niña”, reiteró.
Finalmente, Valda recordó que pese a los ataques, la “Iglesia siempre estará dispuesta a apoyar siempre al más débil y ser cercana a los que sufren”.
Por su parte, la asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, Susana Inch, explicó el 29 de octubre en un videomensaje que la Iglesia “está cumpliendo con un deber moral y también legal” en el caso de la menor de 11 años.
Reiteró que “la Iglesia no está actuando ni por gusto, ni en busca de reivindicaciones, sino que la Iglesia está cumpliendo con un deber moral y también legal”.
“Si la Iglesia se mantuviera al margen de esta situación estaría incurriendo en un grave compromiso de omisión ético y también de incumplimiento de la ley, porque la ley es clara en cuanto la obligación, primero del Estado y luego de todos, de dar el cuidado y la atención necesaria a un bebé en gestación” y posteriormente a su nacimiento, continuó.
El 26 de octubre, la Secretaría General de la CEB exhortó a las autoridades del país a respetar y proteger el derecho a la vida y salud de la niña y de su bebé en gestación.
“Ambas vidas merecen y deben ser protegidas. Afirmamos que, tanto los derechos de la niña, como los del bebé que crece en su vientre, deben protegerse, ya que ambos son inocentes y víctimas de un acto criminal, que tiene una gravísima responsabilidad por la que se debe responder”, indicó CEB en un comunicado emitido el 26 de octubre.
Los obispos recordaron “que no se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito, aún bajo causales de impunidad y no se puede forzar a nadie, ni al personal de salud, a cometer este delito”.
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