En el transcurso de la semana pasada ocurrieron violentas manifestaciones en seis penales de Buenos Aires con la intención de que se reanuden las visitas de familiares a las cárceles, suspendidas desde marzo debido a la pandemia del COVID-19.
Los presos han protagonizado huelgas de hambre, toma de rehenes, enfrentamientos con los encargados de las penitenciarías, entre otros hechos.
En Argentina, después de decretar tres meses de cuarentena, las autoridades sanitarias han comenzado a flexibilizar las medidas de distanciamiento físico y restablecer las actividades comerciales e industriales en el país.
Sin embargo, en las cárceles existe un alto riesgo de contagio de COVID-19 debido a la sobrepoblación de los recintos, así como la falta de insumos de higiene y salubridad.
A través de un mensaje difundido el 1 de noviembre, el Secretariado Nacional Pastoral Carcelaria Argentina señaló que la protesta violenta “no beneficia a nadie: muchos heridos, presos y penitenciarios; sus familias inmersas en la más honda angustia e incertidumbre; edificios vandalizados: talleres, capillas, escuelas, centros de estudiantes, etc.; lo que significará en lo inmediato peores condiciones de detención”.
“Decimos, una vez más, no a la violencia, venga de donde venga. En la búsqueda de soluciones, el camino de la violencia nunca debe ser escogido como alternativa. Seguimos creyendo en el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos”, agregó.
Junto con expresar su “dolor y preocupación” manifestaron su cercanía y oración por los reos, sus familias y autoridades políticas y judiciales.
En ese sentido pidieron escuchar la reflexión del Papa Francisco en el Ángelus de este domingo respecto a la violencia y pidió “mansedumbre para avanzar en el camino de la santidad. Escuchar, respetar, no agredir: mansedumbre”.
“Que María, Reina de la Paz, nos ayude como sociedad toda a buscar prontas soluciones a los innumerables problemas de las cárceles argentinas, a construir consensos, y a recorrer caminos de paz que lleven a cicatrizar tantas heridas”, concluyó el Secretariado Nacional Pastoral Carcelaria de Argentina.
La tarde del 31 de octubre, tras una mesa de diálogo entre los penales de la provincia, autoridades del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes del poder Judicial y organismos de Derechos Humanos, se autorizó la visita de las familias a partir del 14 de noviembre.
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