En las mismas… o peor
Dr. Jorge Enrique Rocha Quintero
Para el sábado 30 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tenía como encargo investigar los hechos de las desapariciones de 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, y verificar la investigación del Gobierno Federal en este caso, se propuso dejar el país. Por ello, el domingo pasado, este Grupo presentó su segundo y último Informe sobre las pesquisas que realizó y sobre la forma como se abordó este caso. A pesar de que Organizaciones de Derechos Humanos, familiares de los desaparecidos, algunos Diputados y un puñado de Columnistas apoyaban que el período de estancia del GIEI se prolongara, el Gobierno Federal no aceptó extender el plazo y, con ello, concluyó sus labores en esta semana que termina.
Como era de esperarse, el GIEI lamentó que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no aceptara que su labor continuara por más tiempo y dio a conocer a la Opinión Pública los avances obtenidos hasta ahora. A continuación presento algunos de los tópicos de esta Relación que me parecen más relevantes:
Primero, hay que recordar que ya en el primer planteamiento del GIEI se postuló la existencia de 180 víctimas directas de los ataques, entre los que figuraban tres estudiantes ejecutados extrajudicialmente; dos asesinados del Equipo de Futbol Los Avispones, además de una mujer que se transportaba en taxi. A lo anterior se suman más de 40 personas heridas; 80 personas que fueron agredidas al tratar de auxiliar a los estudiantes, y otras 30 que iban en el camión con el resto de Los Avispones, aparte de los 43 normalistas desaparecidos. Es decir, la violencia desatada aquel 26 de septiembre de 2014 fue mucho más grande de lo que aparece.
El segundo Informe del GIEI plantea la incorporación de nuevos escenarios que deben investigarse, ya que se presume que en esos sitios hubo acontecimientos relevantes para el caso; por ejemplo, se menciona el Municipio de Huitzuco (en esto concuerda con una reciente declaración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) y lugares como Mezcala y el Crucero de Santa Teresa. A partir de las nuevas evidencias, sostiene que hay participación de distintos grados de la Policía Preventiva Estatal y de la Policía Ministerial Estatal de Guerrero, de la Policía Federal, de la Policía Ministerial Federal y del 27° Batallón de Infantería del Ejército. El GIEI pide que se investiguen y deslinden responsabilidades de estos Cuerpos de Seguridad.
BASTANTES PUNTOS DE SOSPECHA
Dicha Institución investigadora afirma que seis teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos fueron activados horas y días después de la noche de aquel 26 de septiembre; hecho que contrasta con la llamada “versión histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), que asegura que todos los teléfonos celulares se quemaron en el basurero de Cocula. Asimismo, señala una serie de hechos que muestran la ausencia de una investigación sólida y pulcra por parte de esa Dependencia, como su renuencia a abrir otras líneas de investigación distintas a lo que se muestra en la “versión histórica”, irregularidades en el proceso de levantamiento de evidencias en el Río San Juan (donde supuestamente pusieron los restos calcinados de los 43 desaparecidos) o la no utilización de fotografías satelitales y de tecnología láser para realizar las indagaciones.
Entre los asuntos más graves que presenta el Informe final del GIEI, sobresale la imposibilidad de poder entrevistar a los miembros del Ejército que presumiblemente conocieron de estos hechos. La negativa reiterada a otorgar alguna entrevista por parte de los militares, resultó un gran obstáculo para hacer las averiguaciones necesarias. Finalmente, otro asunto de extrema gravedad es que, de acuerdo con el GIEI, los 17 testigos cuyos dichos fueron utilizados para construir la “versión histórica” de la PGR, fueron torturados o sometidos a malos tratos, con lo cual sus declaraciones no tendrían valor porque se viola el derecho al debido proceso, y por esta razón la versión gubernamental carecería de sustento, ya que no existen otros elementos que la soporten.
Luego de este proceso fallido de intervención del GIEI, del que quedan más dudas que certezas, todo indica que el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por lo menos en lo que queda de este sexenio, pasará a formar parte de los acontecimientos en que el derecho a la verdad y a la justicia nuevamente quedará vulnerado, y la impunidad que nos aqueja se habrá afianzado como una práctica sistemática y recurrente en México. Ante esta situación, no nos queda más que guardar memoria y exigir justicia una y otra vez.
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