
El investigador Policarpo Sánchez, en el Archivo de Salamanca /Actuall[/caption] Cuatro son las reclamaciones que 'Salvar el Archivo de Salamanca' va a trasladar de forma oficial a Cultura:
- Devolución de los documentos ilegalmente trasladados a Cataluña, al no haber sido incautados en esa Comunidad Autónoma ni pertenecer a personas u organizaciones con domicilio o residencia en Cataluña.
- Devolución de los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios.
- Devolución de los documentos ilegalmente restituidos a quienes nunca fueron sus propietarios.
- Relación detallada de los documentos enviados a Cataluña y de las copias digitales que no se hicieron antes de su traslado.
Sánchez denuncia que "altos responsables políticos vinculados a Puigdemont entregaron más de 100.000 documentos, propiedad de todos los españoles, a organizaciones separatistas ajenas a esa documentación"A juicio de Sánchez, "Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría e Íñigo Ménedez de Vigo ya no necesitan el artículo 155 para restituir los papeles de Salamanca, sino que pueden hacerlo cuando quieran, incluso mañana mismo, en aplicación de la sentencia judicial" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por otro lado, el abogado Ernesto Tomé, en nombre de la asociación, remitirá un informe a la Fiscalía General del Estado para que evalú la posible comisión de delitos relacionados con el expolio del Archivo Nacional. Sánchez denuncia que "altos responsables políticos vinculados a Puigdemont entregaron más de 100.000 documentos, propiedad de todos los españoles, a organizaciones separatistas ajenas a esa documentación". En esa práctica supuestamente delictiva también estarían involucrados cargos del Ministerio de Cultura. "Los responsables del expolio del Archivo de Salamanca no se pueden ir de rositas y solicitamos al Fiscal General del Estado su intervención", incide Sánchez. Por último, Sánchez ha explicado que, junto a las reclamaciones para que se cumpla la ley y se recupere la integridad del Archivo Nacional, se remitirá al presidente del Gobierno más de 82.000 peticiones de otros tantos ciudadanos recogidas a través de la plataforma CitizenGO que reclaman el cumplimiento de la sentencia sobre el archivo.
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