El tejido político está roto

Hay en el  país y en nuestro Estado, signos preocupantes que deben ser atendidos con la prestancia y contundencia necesaria, a fin de garantizar la gobernabilidad y evitar que se pierdan los frágiles equilibrios que mantienen funcionando nuestro país.
El repunte de la inseguridad y la violencia es muy preocupante. Las ejecuciones cotidianas, son explicadas por la autoridad como reajuste de las bandas.  Este 2017 se perfila como el año más cruento en la década y podríamos llegar, según los expertos, hasta 28 mil homicidios a nivel nacional, tanto de la violencia del crimen organizado como de la delincuencia común.
La economía familiar y el empleo de calidad y el crecimiento económico están estancados. Para crecer se necesita detonar el mercado interno, y recaudar más y distribuir, con base en criterios explícitos de justicia social para garantizar universalmente los derechos humanos. No se ha logrado la construcción de un modelo económico capaz de generar un crecimiento sostenido con equidad, el país y nuestro estado no van a crecer más allá del 2% del Producto Interno Bruto.
Se necesita un entorno que nos permita avanzar hacia un nuevo Estado de bienestar, lema de nuestro gobernante en turno, donde la inversión pública y privada puedan darse protegidas por un Estado de derecho sólido, fincado en la cultura de la legalidad; y en donde su objetivo sea el cumplimiento constitucional. Según el Inegi, hay adicionalmente 14 millones de personas trabajando en el sector informal.
Ante la problemática de la presa del Zapotillo, resuelto no por criterios técnicos, sino políticos, que inunda sus derechos; el autoritarismo contra los ejidatarios de El Zapote, los jaliscienses tienen conciencia de lo que sucede, y tienen tres grandes preocupaciones que deben ser atendidos:
Primero, el tejido político está roto por la corrupción, por la delincuencia organizada,  y la infiltración del narco en la vida pública.
En segundo lugar, urge una nueva relación sociedad-autoridad. Se debe romper la lógica de que el país les pertenece a los gobernantes, a la clase política; y tercero, la necesidad de una democracia participativa y no sólo electoral.
El país y nuestro estado de Jalisco, no pueden continuar así, urge la construcción de un nuevo pacto fundacional en lo político, lo económico y lo social que nos dé significado y cohesión como sociedad. No se puede renunciar, ni postergar la decisión de construir un estado incluyente y justo.
Construir un nuevo pacto, en el que, las partes excluidas hasta ahora, los pobres, la gente, los alejados de la toma de decisiones del Estado, puedan participar y ser realmente escuchados. Todo esto requiere de una convocatoria desde una posición de legitimidad ética. Los ciudadanos pueden hacerlo. El tejido político está roto y sólo la participación ciudadana lo puede rehacer.