Trini Rodríguez Ledesma
La madrugada del pasado 26 de junio, edificios con valor histórico en el centro tapatío fueron grafiteados, entre ellos, el Teatro Degollado, el Museo Regional de Guadalajara y el Instituto Cultural Cabañas, por un par de adolescentes de 16 años, estudiantes de secundaria, que al parecer habían consumido bebidas alcohólicas y que con esos actos pretendían ganar una cantidad de “likes” en sus redes sociales. El acto fue catalogado como un auténtico atentado contra un bien patrimonial.
¿Qué castigo ante tal hecho podría ser ejemplar? ¿Trabajo comunitario, prisión o quizás justicia terapéutica?.
Esta última opción corresponde a la Ley de Ejecución de Penas que establece que una persona que ha sido condenada por un delito patrimonial no violento y que tenga un problema de adicciones puede cambiar su condena por un tratamiento en libertad.
No insinúo que estos jóvenes estén en situación de drogadicción, y menos que tengan que ser encarcelados por su edad, pero sí, en las opciones que deben tener para enmendar su mal comportamiento y que también los adultos pueden gozar de dichas alternativas.
Por ejemplo, la ley de ejecución de penas dice en su artículo 145, que, “el tratamiento en libertad de imputables implica un régimen condicionado de vida en sociedad, que consiste en el sometimiento del sentenciado a las técnicas socio terapéuticas, psicoterapéuticas, laborales, educativas, deportivas y todas aquellas que coadyuven a lograr una mejor reinserción social del sentenciado” a criterio del juez.
Está bien que pensemos en un castigo, pero ¿tiene el Estado las herramientas legales para que esa decisión evite a futuro la repetición de la conducta?
En una charla con el catedrático de la Universidad Panamericana, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, argumentó que falta capacitación a la autoridad para operar de manera adecuada el nuevo sistema de justicia penal, que se encuentra en la etapa de prueba y error, además de la falta de voluntad política para su efectiva aplicación.
Me parece que, si no funciona el sistema de justicia en México, seguimos pugnando ante la descomposición social y no la reinserción social y mucho menos a la prevención del delito. Y ahí me detengo y analizo que para la ONU la prevención es la “adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas”
Cuando tengamos todas esas medidas de impartición de justicia que garanticen la integridad de un joven que por encima de sus defectos están unos padres omisos, aprenderemos a no juzgar “porque de la manera que juzguen serán juzgados y con la medida con que midan los medirán a ustedes”
Seamos justos, pensemos que esos jóvenes son nuestros jóvenes, que han comenzado con delitos patrimoniales no cometidos con violencia, pero… ¿Qué sigue si no son atendidos por profesionales en este justo momento?
Publicar un comentario