Pastoral & Cultura
Román Ramírez Carrillo
Según Gabriel Zaid, la corrupción es “disponer de las funciones públicas, como si fueran propiedad privada”. En México, la corrupción no es un accidente del sistema. La corrupción es el sistema. Si observamos el último proceso electoral, podemos concluir que las elecciones son la escuela de la corrupción en México. La corrupción pudre y pervierte nuestra frágil democracia.
En el Comunicado “Alto a los Corruptos”, de febrero de 2015, los Obispos de México, manifestaron su preocupación por el grave mal de la corrupción, y señalaban:
“Para hacer frente a este gravísimo mal se requieren múltiples acciones conjuntas. Entre ellas, la reforma de leyes y la creación de instituciones que, de forma integral, coordinada y en tiempo real, prevengan, identifiquen, investiguen y modifiquen situaciones o condiciones que propicien la corrupción; sancionen oportunamente a los corruptos y hagan realidad el resarcimiento de los daños causados” La respuesta del Estado y la clase política, fue el SNA.
Creado por una reforma constitucional en mayo de 2015, el Sistema Nacional Anticorrupción, paso a paso fue avanzando, liderado por las organizaciones de la sociedad civil que ante el fenómeno de la corrupción, participaron activamente.
El esfuerzo de la sociedad civil empezó proponiendo la ley 3 de 3, luego se diseñó la Fiscalía Anticorrupción, prosiguió con la designación de un Comité de Participación Ciudadana, y la constitución de un Comité Coordinador. La sociedad civil no se ha detenido, sigue a la espera de nombramientos pendientes y procesos que vendrán.
El objetivo de los ciudadanos en el SNA es la construcción de un andamiaje que permita identificar, prevenir y castigar lo que en nuestro país ha sido un estilo y forma de vida, el saqueo sexenal y los años de Hidalgo. Lograr que el corrupto, lo pierda todo.
Más de dos años han tardado los partidos políticos en aceptar y construir el SNA, con muchas dilaciones. Los partidos, mediante sus legisladores en el Congreso, para el inicio del SNA, pusieron como límite el 18 de julio. Pero, poniendo como pretexto el desacuerdo de los partidos sobre el grado de autonomía que debía tener la nueva Fiscalía Anticorrupción, y la forma en que ésta interactuaría con la nueva Fiscalía General, no será aprobada, no estará lista. “Ni modo, no se pudo”, fue todo lo que alcanzaron a decir.
En Jalisco, el Congreso tomó protesta a los integrantes que iniciarán los trabajos del SEA, Sistema Estatal Anticorrupción, para que el 18 de Julio, pueda operar ya el sistema.
Se puede repetir en nuestro Estado, lo que sucede a nivel nacional, que la clase política al sentirse amenazada, empiece a filtrar calumnias contra los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, para debilitarla y que no pueda surgir una fiscalía independiente.
Tenemos que asegurarnos de que lleguen verdaderos especialistas en la materia y que estén desligados de cualquier interés partidista, para que la Fiscalía Estatal Anticorrupción tenga absoluta autonomía.
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