El 22 de diciembre del año 1997, un grupo de indígenas tzotziles, que se encontraban realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal para pedir por la paz en la región, fueron asesinados brutalmente por un grupo paramilitar relacionado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas.
El grupo era parte de una comunidad de refugiados en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados. Se trataba de Las Abejas, un movimiento social pacifista para la reivindicación y el respeto de los derechos indígenas
Las abejas y el zapatismo
El 1 de enero de 1994 se inició de manera explícita el conflicto en Chiapas con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este movimiento busca el reconocimiento y respeto de los derechos indígenas, y desde sus inicios la Sociedad Civil Las Abejas se mostró simpatizante con sus demandas aunque no con los medios que el EZLN proponía para conseguirlas, es decir con la lucha armada. Así es como se plantea la cercanía de las abejas con el zapatismo, como un movimiento paralelo que impulsa una lucha pacífica.
La guerra abierta dura pocos días ante la presión de la sociedad civil nacional e internacional y para el 10 de enero de 1994 se firma un pacto de no agresión entre el Estado mexicano y el grupo insurgente. Pocos meses después se inician los diálogos que buscaban llegar a un desenlace definitivo entre las partes enfrentadas, primero en San Miguel Ocosingo y en San Cristóbal de Las Casas en 1994 y posteriormente en San Andrés Larrainzar a partir de 1995. En este proceso que intentaba dar solución del conflicto, Las Abejas participan activamente dentro de los cinturones de paz que buscaban proporcionar apoyo a la seguridad de la comandancia del EZLN así como al interior de las discusiones que proporcionaron propuestas para las mesas de diálogo.
Según Pablo Romo, exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBLC), mientras los representantes del gobierno mexicano se sentaban a dialogar en busca de la paz, el ejército mexicano comenzó la implementación, por órdenes del ejecutivo federal, una estrategia contrainsurgente descrita como “guerra de baja intensidad”. La estrategia plantea el entrenamiento de grupos armados al interior de las comunidades que hicieran el “trabajo sucio” y con eso lograr hacer parecer los ataques como conflictos intra e inter comunitarios, a la par de un desarrollo propagandístico que tiene como objetivo desacreditar la información que incrimine las acciones gubernamentales.
Con la intención de “matar al pez quitándole el agua” e interpretando que todos los que no colaboran con el gobierno están en contra del gobierno, a partir de 1995 el Estado mexicano impulsa la creación de grupos paramilitares que continuamente acosan a los miembros de los distintos grupos políticos simpatizantes con el zapatismo. En un principio la estrategia fue implementada en el norte del estado, principalmente en los municipios de Palenque, Catazajá, Tila, Sabanilla, Yajalón y Chilón, sirviendo como una especie de “laboratorio de operaciones” como refiere Blanca Martínez, actual directora del CDHFBLC. Es a partir de 1996, debido entre otras cosas a la creación del municipio autónomo de Polhó y al engrosamiento de las filas zapatistas en la zona, que la guerra de baja intensidad llega a Los Altos.
1997 año de horrores
Para principios de 1997 el conflicto político en la zona comienza a complejizarse y los grupos paramilitares actúan de manera constante tomando represalias en contra de quienes no aceptan sumarse a su causa. Posteriormente, pugnas entre zapatistas y priístas por el derecho de explotación de un banco de arena en el paraje de Majomut vendrá a ser una excusa usada por los paramilitares para incrementar las acciones de violencia.
La ola de temor que se desencadenó como consecuencia del continuo hostigamiento de los habitantes de las comunidades por parte de los grupos paramilitares, llevó al desplazamiento de alrededor de 9.000 personas en el área que tuvieron que ser reacomodadas en comunidades simpatizantes con sus respectivos filiaciones políticas que sirvieron como campamentos de desplazados. Asimismo, el reacomodo poblacional masivo significó numerosas amenazas y la presencia de varios cuarteles militares a la entrada de las comunidades, muchos de los cuales permanecen hasta la fecha.
Acteal, un crímen que no se olvida
La escalada del conflicto llevó a que el 22 de diciembre de 1997, un grupo de tsotsiles equipados con armas de grueso calibre dispararan en contra de 45 personas abejas (18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y los 15 años de edad) e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones permanentes.
Las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados, realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal para pedir por la paz en la región. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del estado mexicano.
El hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y del Gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, así como por la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó por ser sospechoso de haber proporcionado el armamento necesario para realizar la acción. Sin embargo el hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el ex Presidente de la República Ernesto Zedillo o dirigentes militares, hace sentir a las comunidades abejas que la acción se mantiene impune.
Nombre y edad de las víctimas de la masacre
María Pérez Oyalte, 43 años,Martha Capote Pérez, 12 años,Rosa Vázquez Luna, 24 años, Marcela Capote Ruiz, 29 años ,Marcela Pucuj Luna, 67 años, Loida Ruiz Gómez, 6 años,Catalina Luna Pérez, 21 años, Manuela Pérez Moreno, 50 años Manuel Santiz Culebra, 57 años Margarita Méndez Paciencia, 23 años Marcela Luna Ruiz, 35 años, Micaela Vázquez Pérez, 9 años, Josefa Vázquez Pérez, 5 años, Daniel Gómez Pérez, 24 años, Sebastián Gómez Pérez, 9 años, Juana Pérez Pérez, 33 años, María Gómez Ruiz, 23 años, Victorio Vázquez Gómez, 2 años, Verónica Vázquez Luna, 22 años, Paulina Hernández Vázquez, 22 años, Juana Pérez Luna, 9 años, Roselina Gómez Hernández (?), Lucía Méndez Capote, 7 años, Graciela Gómez Hernández, 3 años, Marcela Capote Vázquez, 15 años, Miguel Pérez Jiménez, 40 años, Susana Jiménez Luna, 17 años, Rosa Pérez Pérez, 33 años, Ignacio Pucuj Luna, 62 años, María Luna Méndez, 44 años, Alonso Vázquez Gómez, 46 años, Lorenzo Gómez Pérez, 46 años, María Capote Pérez, 16 años, Antonio Vázquez Luna, 17 años, Antonia Vázquez Pérez, 21 años, Marcela Vázquez Pérez, 30 años, Silvia Pérez Luna, 6 años, Vicente Méndez Capote, 5 años, Guadalupe Gómez Hernandez, 2 años, Micaela Vázquez Luna, 3 años, Juana Vázquez Luna, 1 años, Alejandro Pérez Luna, 15 años, Juana Luna Vázquez, 45 años, Juana Gómez Pérez, 51 años, Juan Carlos Luna Pérez, 2 años
Con información de Las Abejas de Acteal
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