El Zapotillo, opción no sustentable
Injusticia social y política inundaría
Temaca, Acasico y PalmarejoMario López, académico y miembro del Grupo del Agua del ITESO, reprueba los resultados de balance hídrico de la UNOPS, que sentencian la inundación de Temacapulín. Advierte que el estudio tiene fallas desde su origen.
Andrés G. Elizalde
“Con la construcción de la presa El Zapotillo, Temacapulín pierde. Lo que importa es la infraestructura y mantener todos los compromisos de negocio”, afirma el maestro Mario López, académico del ITESO y miembro del Grupo del Agua del ITESO, ante el estudio de balance hídrico de la Cuenca del Río Verde, de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que dice que no hay alternativa que evite que se inunden las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para la construcción de la presa El Zapotillo.
“No es el balance hídrico de la UNOPS lo que está destinando a la desaparición injusta de estos territorios, sino la forma en la que estructuraron los modelajes”, explica.
“Si el organismo técnico de la UNOPS, que se supone que es especializado, dice que no hay forma de salvar los poblados en ninguno de los escenarios, lo que tenemos que preguntarnos es si no metieron escenarios en los que sí se podía salvar”, añade el académico.
Ante los resultados del estudio, encargado por el Gobierno de Jalisco en noviembre de 2016, Mario López sostiene que el problema está desde su planteamiento.
El académico reitera la necesidad de analizar el balance hídrico, el cual genera dudas de qué tan válido es, debido a que los datos de la Comisión Nacional del Agua y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en los que se basa dicho estudio, provienen de infraestructuras que no están actualizadas o que son inexistentes.
El estudio de la UNOPS establece cinco escenarios con planteamientos prospectivos, y en ninguno se salva Temacapulín. El problema, afirma Mario López, es que el discurso oficial del Gobierno de Jalisco dice ampararse en los datos científicos, pero “aunque haya criterios científicos, puede ser que el criterio político gane sobre estos”.
“En estos escenarios, la objetividad es mucho menor que en el balance hídrico. Estos son muy manipulables. El mismo Alejandro Rossi (asesor para América Latina de la UNOPS), en entrevista expresa, mencionó que tuvo que sacarse esta variable porque si no, la presa se volvía absurda”, añade.
Lo que se debería buscar no es salvar la presa, sino ver cómo funciona el ecosistema de donde surge toda el agua. El ecosistema debería ser el núcleo del objetivo.
Agua privada
Otro gran problema que López observa, de llevarse a cabo la construcción de la presa, es el trasvase para Guanajuato, específicamente para León, Silao y las zonas de desarrollo automovilístico. El académico afirma que quien va a dominar ese tubo es el sector empresarial, provocando que el agua esté virtualmente privatizada.
“El tubo (el trasvase) es una gran afrenta contra la idea de mantener el agua como bien público. La política se va a ver condicionada por la economía. El problema entonces no es sólo la presa, es que se está dando pie al trasvase de agua dirigido por la privatización, por el negocio, por quién paga mejor el agua. El bien se privatiza por la vía de los hechos, y se vuelve difícil mantener los acuerdos políticos cuando la presión del mercado se vuelve tan grande”.
La injusticia hídrica que inundará estos poblados tiene de trasfondo la mala administración de Guadalajara.
“Es decirle a Temacapulín,
‘ustedes pagan el precio de nuestra mala administración. Es absolutamente injusto. Temacapulín tiene derecho a decir, ‘ustedes primero arreglen sus problemas en Guadalajara, sus fugas, su falta de captura de lluvias, que no reutilizan el agua, y luego vengan a decirnos si van a inundar nuestras casas’”.
Es injusticia hídrica, humana, y violación a sus derechos humanos, sostiene, perpetrada por un modelo de abastecimiento de agua que va a la baja. La Comisión Mundial de Represas admite que estas infraestructuras son responsables del desalojamiento de hasta 80 millones de personas en el mundo, y países como Estados Unidos lideran el desmantelamiento de presas. El Banco Mundial ha retirado fondos para la construcción de presas en Congo y Chile, por mencionar algunos ejemplos.
“Una gran tendencia mundial es que cesen las presas insustentables, y la presa El Zapotillo lo es a todas luces. Se calcula que garantizará agua sólo por 25 años. Es una presa cómoda para los que no queremos cambiar nuestro estilo de vida y ahorrar agua, a costa de Temacapulín y del ecosistema”, finaliza el académico del ITESO.
Persiste rechazo a estudio UNPOS
Redacción
Los gobiernos municipales, estatal y federal, han fallado en la gestión integral del agua y el proyecto del Zapotillo es una muestra del desprecio gubernamental a los derechos fundamentales de las personas, señaló por medio de un comunicado el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
“Lo peor es que políticos y empresarios voraces han diseñado una ruta para privatizar el vital líquido y con diversos discursos han querido convencernos que la presa El Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, en el río Verde es la mejor alternativa para distribuir el agua para León, Guanajuato, Los Altos de Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara, basados en dos decretos presidenciales y en convenios manipulados de distribución sin tomar en cuenta los derechos de los pueblos, la participación de los ciudadanos, ni de muchos académicos competentes, imponiendo una obra social, técnica y ambientalmente inviable. La presa El Zapotillo es una de las presas más plagada de ilegalidades e irregularidades, muestra de una política autoritaria y cerrada al diálogo”.
Agrega el Comité que levantan su voz unidos a quienes difieren de los argumentos gubernamentales “ y esperamos que el pueblo de (Jalisco), los diputados federales y estatales y diversos actores políticos y académicos como la Universidad de Guadalajara exijan el respeto a los derechos humanos de los pueblos y el cumplimiento cabal del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los jueces federales, no se autoricen los presupuestos para la ilegal presa El Zapotillo y por el contrario inicien políticas públicas, programas y proyecto para la gestión integral del agua y que ésta no sea solo una moda discursiva vacía de contenido”.
Asimismo consideran que el estudio de la UNOPS, por el que el gobierno de Jalisco pagó 90 millones de pesos es un desperdicio porque no aporta directrices de solución sustentables para aprovechar el agua y valida una decisión tomada con antelación.
“La opinión de la UNOPS, se ha interpretado como un aval de la ONU, -y así ha querido usarlo el Gobernador de Jalisco para traicionar su palabra- a la obra y esto no es así, hay otros informes y recomendaciones como las emitidas por el Relator de Alimentación, la Relatora de Vivienda, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos y recientemente del Relator del Derecho al Agua y al Saneamiento de la ONU, así como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, todos han pedido a las autoridades mexicanas, no imponer el proyecto y tomar en cuenta los derechos humanos de las comunidades afectadas”.
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo puntualiza que no aceptará la intervención del “comando especial” que anunció el Gobernador de Jalisco para enviar a Temacapulín, ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) porque su actuar ha dejado mucho que desear, estando a estas alturas al servicio del gobierno en turno, con un grave descrédito ante la opinión pública.
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