Hurgando los Archivos Vaticanos
Guillermo Dellamary Toral
Lo interesante de estos documentos es el deseo de los Constituyentes de establecer negociaciones con la Santa Sede, pero al mismo tiempo querer imponer una serie de criterios que a todas luces no facilitaban llegar a un acuerdo.
Sobre todo porque se sugieren ideas que ya se habían intentado ejecutar en algunos países europeos, basadas en una visión liberal. Principalmente como consecuencia del pensamiento derivado de la Revolución Francesa.
Veamos aquí el texto original de lo que la Santa Sede le pide al Gobierno Mexicano:
“El gobierno mexicano ocupará las mismas funciones. Cualquiera que sea la conducta de la Corte de Roma hacia la nación mexicana; ésta no ignorará ninguna atención para permanecer unida con el poder ejecutivo de la nación mexicana; ésta no ignorará ninguna atención para permanecer unida con el poder ejecutivo de la República Cristiana fundada por Jesucristo, sobre el modelo mismo del gobierno que rige hoy en día a México. Pero, imbuida de sus derechos, así como de sus deberes, la nación mexicana no imitará nunca la conducta de ciertos monarcas europeos, que cierran hoy los ojos sobre la invasión del poder de los obispos. Ella ha tomado la inmutable resolución de oponer a las pretensiones exageradas de Roma la misma firmeza, el mismo coraje que ha desplegado contra el Despotismo Monárquico del cual se ha sacudido el yugo.”
A continuación la propuesta que hace el Gobierno de México:
“La Religión de la República es la Religión Católica Apostólica y Romana. La Nación la protege por sus leyes: prohíbe el ejercicio de todas las demás. Esta disposición prohibitiva no debe sorprender en un pueblo cuya educación religiosa se hizo bajo la dirección de España. El Legislador, dijo Rousseau, no debe dar a una nación las mejores leyes disponibles, sino las mejores que éste pueda soportar. El Pueblo Mexicano no está aún maduro para la libertad de cultos, que llegará a ser, en un corto espacio de tiempo, la consecuencia necesaria de la libertad política.
La República Mexicana empleará todos los medios de comunicación necesarios para conservar y reafirmar los lazos de unión con el Pontífice Romano, que ésta reconoce como el Jefe de la Iglesia Universal.
La República está sometida a los decretos de los Concilios Ecuménicos para el dogma; pero es libre de aceptar sus decisiones para la disciplina.
El Congreso General de México está investido exclusivamente de los poderes para regular el ejercicio de la Protección en toda la Confederación.
El mismo Congreso se reserva el derecho de regular y de fijar los presupuestos eclesiásticos.
El Obispo Metropolitano de la Ciudad de México erigirá, reunirá, desmembrará y organizará las Diócesis, conforme a las demarcaciones civiles fijadas por el Congreso General.
El mismo Metropolitano, o en su defecto, el más antiguo de los otros Obispos, confirmará la elección de los Obispos Sufragáneos. Éstos confirmarán al Metropolitano. En uno y en otro caso, se dará aviso a Su Santidad.
Todos los Asuntos Eclesiásticos serán terminados definitivamente en la República, conforme al orden prescrito por los Cánones y las Leyes.
Los extranjeros no ejercerán, en la República, en virtud de comisión ningún acto de jurisdicción eclesiástica.
Las Comunidades Religiosas de uno y de otro sexo seguirán exactamente las reglas de sus institutos respectivos, en lo que no sea contrario a las Leyes de la República, y a los Cánones. Estarán sometidas al Metropolitano en todos los casos para los cuales hubiera recurso a autoridades fuera de la República.
El Metropolitano tendrá los poderes necesarios (con la facultad de delegarlos a los Ordinarios) para proceder a la Secularización de los Regulares de uno y de otro sexo, que la soliciten.
Se solicitará al Pontífice Romano la convocación de un Concilio General.
La República enviará todos los años al Pontífice Romano cien mil pesos (2) {El peso vale 5 fr.} (Nota del redactor.) como oblación voluntaria para subvenir los gastos de la Santa Sede.
Se iniciarán negociaciones con las otras Repúblicas Americanas para concertar acerca de las medidas relativas a los Asuntos Eclesiásticos, a fin de que se pueda, lo más pronto posible, presentar a Su Santidad un plan uniforme.”
Debido a esta propuesta la Santa Sede no llega a un acuerdo.
Un asunto no resuelto, que causara discordias futuras.
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