El proyecto se fundamenta en “la convicción personal e interna del género, tal como la persona se percibe a sí misma” que “puede corresponder o no” con el sexo biológico. A partir de esto, una persona podrá decir si se siente hombre o mujer y solicitar, entre otras cosas, el cambio de nombre y sexo registral.
El proyecto votado el 14 de junio y que supuestamente protege de la discriminación a las personas transexuales, no incluirá por el momento a los menores de edad. Sin embargo, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet reiteró su compromiso en impulsar la agenda LGBT y la incorporación de los niños en el documento.
El proyecto plantea la posibilidad de que las personas mayores de 18 años se cambien el nombre y sexo en el Registro Civil, presentando solo una evaluación médica del psiquiatra o psicólogo clínico. Sin el documento, se declarará “inadmisible” la solicitud.
El director ejecutivo de la plataforma ciudadana Comunidad y Justicia, Tomás Henríquez, cree que eso “no es suficiente porque será cosa de encontrar un par de psicólogos” que “firmen un informe a pedido de quien lo requiera”.
Asimismo, el abogado explicó a ACI Prensa, su desacuerdo con el hecho que, de aprobarse la ley, la familia directa de la persona no podrá oponerse ya que el solicitante podría “tener intereses patrimoniales y personales comprometidos”, como por ejemplo pensiones alimenticias.
En relación a lo anterior, el proyecto impediría el cambio de nombre y sexo de una persona que tenga vínculo matrimonial civil. Por lo tanto, primero debería anular su estado civil en un tribunal de familia.
Sin embargo, Comunidad y Justicia ya asesora casos de personas que han tenido “problemas jurídicos y procesales” porque otros tribunales han permitido el cambio de nombre y sexo de alguno de sus miembros.
Para Henríquez, esto es una “falta gravísima” pues “los tribunales están haciendo cambio de nombre y sexo por vía judicial en forma ilegal, ya que en la legislación chilena no está permitido”.
“Los jueces se están atribuyendo una facultad que la ley no les ha conferido. Han surgido casos en los que los tribunales por actuar con la mejor intención pero, de manera infundada y sin tener en cuenta las repercusiones, han provocado problemas en las familias”, explicó.
A juicio de Henríquez, en el proyecto de identidad de género “los legisladores se pusieron en la posición de que esto es solo libertad total pero, está desarraigado de todo contexto social”.
Además, insistió en que “la discusión está completamente mal planteada. Ya que el proyecto hace una modificación a la definición del sexo”.
“Los autores del proyecto de ley y quienes los apoyan confunden dos categorías conceptuales que son distintas en la práctica y hace que el sexo se transforme en un símbolo de la identidad de género”, resaltó.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 25 de enero de 2017
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