SIGNOS DE LOS TIEMPOS
Jorge Rocha Quintero
Durante este mes se discuten asuntos muy importantes en el Congreso Local y seguramente las decisiones que tomen afectarán la vida pública en el estado de Jalisco. Estos procesos son: la elección del titular del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), la renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y el debate en torno a la creación de la Fiscalía Anticorrupción.
Aunque cada proceso tiene su lógica particular y propia, me parece que se abre una gran ventana de oportunidad para nuestro estado, en la que se puede generar un avance sustantivo en la vigencia de los derechos en la entidad. Estas tres instancias tienen como propósito salvaguardar los derechos de las y los jaliscienses y un funcionamiento correcto de las mismas implicaría sentar las bases de un auténtico sistema de organizaciones públicas que garantizan que los derechos sean respetados, con lo cual la calidad de vida de las personas que habitamos el estado se incrementaría sustantivamente.
Desde mi particular punto de vista, uno de los ejes transversales que atraviesan a las tres entidades es la necesaria autonomía de los poderes formales y fácticos. Que el ITEI, la CEDHJ y la futura Fiscalía Anticorrupción cumplan con su objetivo, pasa por la necesaria autonomía que implica que su labor no sea limitada y subordinada por los intereses de determinados actores sociopolíticos. Para ello es necesario que los futuros responsables de estos organismos no lleguen o se mantengan en el puesto porque le deben el “favor” a alguien, su designación tiene que atravesar por un proceso pulcro e impecable de discusión pública y apego a la ley, donde no haya favoritismos hacia nadie y sobre todo, que las organizaciones sociales y civiles tengan derecho de propuesta (que sus candidatos sean tomados en cuenta) y derecho de veto (que no se designe a alguien que no cuente con avales ciudadanos de reconocimiento público). La otra base de la autonomía es que estas instancias cuenten con los recursos necesarios para su labor, tanto materiales como humanos; este asunto será clave en el caso de la Fiscalía Anticorrupción.
Ahora bien, para el caso de la CEDHJ y de la Fiscalía existen particularidades que es necesario retomar. En lo que respecta a la Comisión de Derechos Humanos, los diagnósticos coinciden que es un organismo que es necesario reconstruir, que la reingeniería en esta dependencia es urgente y prioritaria; y que los 145 millones de pesos que tiene de presupuesto anual deben utilizarse de mejor forma. Es cierto que la administración actual ha tenido algunos logros como el incremento del financiamiento y abatir el rezago en las quejas y recomendaciones, sin embargo, hay agendas sustanciales en las cuales no hay avances significativos como la vigencia de los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos ambientales, la crisis de desaparecidos, entre otros. Aunado a lo anterior la relación que mantiene la CEDHJ con las principales organizaciones de la sociedad civil que se dedican al tema está rota desde hace años y las posibilidades de colaboración en este momento son prácticamente nulas.
El nuevo ombudsman de Jalisco debe restablecer la relación con la sociedad civil que desde hace años defiende los derechos de los jaliscienses, pero además debe tomar como su agenda prioritaria los temas antes citados, incluyendo la imperiosa necesidad de tener mayor presencia en las regiones del estado; y al interior de la Comisión es imprescindible emprender un proceso de refundación de esta institución para que sea más autónoma y ciudadanizada.
En cuanto a la Fiscalía, hay por lo menos dos operaciones que el Congreso debe realizar, la primera es poner a debate y evaluar la fusión que se realizó al principio del sexenio entre las extintas Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. Esta reorganización fue un fracaso ya que al día de hoy los números y las percepciones dan cuenta de un deterioro en la seguridad de las personas y el mantenimiento de prácticas que deben desterrarse. Desde mi punto de vista estas dos funciones deben separarse nuevamente; y luego entonces, garantizar que la Fiscalía sea efectivamente autónoma de cualquier poder formal o fáctico. De por sí desde hace dos décadas se señalaba que los ministerios públicos deberían ser autónomos del poder ejecutivo, y ahora con la situación de corrupción e impunidad que prevalece, ya no se puede postergar la autonomía, sobre todo en lo que concierne a la investigación por corrupción.
Si los actuales diputados locales tienen altura de miras y efectivamente buscan el bien del estado, deberán garantizar la autonomía y la ciudadanización de estos tres organismos públicos.
jerqmex@hotmail.com
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