Dos acciones violentas, entre las miles que ya suceden en México en los últimos años, han llamado la atención de la opinión pública. Una, la agresión en contra del sacerdote José Miguel Machorro Alcalá, en la Catedral de la Ciudad de México. La otra, el artero crimen contra el periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas.
El clérigo, por ser abogado, asesora jurídicamente a comunidades indígenas de Veracruz, en materia de derechos humanos y propiedad de la tierra. Quizás ésta fue la causa que motivó a Juan René Silva, desquiciado, a cometer tal atropello, aunque todavía no se determina el móvil, menos ahora que un juez declaró “no imputable” al atacante, ante lo cual, la Arquidiócesis de México reaccionó por la celeridad de la determinación, según eso porque el victimario padece de un trastorno psicótico. La Arquidiócesis indicó que la decisión es deplorable e injusta, tomando en cuenta la gravedad de los hechos. No es posible que el juez llegue a esta resolución basado en una sola prueba pericial, Se deduce, entonces, según el comentario de una persona que protestó por ello, que se podrá ir apuñalando gente sin que pase nada.
Es la misma impunidad ante los crímenes contra periodistas, y que padecerá, sin duda, el asesinato de Javier Valdez, y de los otros cinco que van en 2017; de los 42 que han matado desde 2006, de los cuales, 36 en el sexenio de Peña Nieto.
Ambas tareas, periodista y sacerdote, son de riesgo. Nuestro país ocupa el segundo lugar, a nivel mundial, en asesinato de periodistas. Ni Irán ni Irak, que están en guerra, lo superan. Y en cuanto a sacerdotes, México ocupa el primer lugar en América Latina en número de crímenes contra clérigos. Van 17 asesinados y 520 extorsiones en el período con Peña. Este régimen pasará a la historia como el más letal para el ejercicio del sacerdocio.
La Conferencia del Episcopado Mexicano, al expresar su apoyo al gremio de periodistas, citó a Pablo VI, en su mensaje para la IX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en 1975, donde advertía de los peligros que se ciernen sobre la libertad de expresión: “Cuando se ahoga la verdad por intereses económicos injustos, por la violencia de grupos que pretenden hacer obra de subversión en la vida civil o por la fuerza organizada en sistema, es el hombre el que resulta herido.”
El ejercicio del periodismo y del sacerdocio está amenazado, pero “la devastación de los hijos de esta nación, escribe Felipe Monroy, alcanza a todos los rincones, principalmente a las estructuras intermedias: familias, escuelas y universidades, pequeños negocios, asociaciones comunitarias como organizaciones de participación social o iglesias”.
El gobierno federal no ve así las cosas. El Ejecutivo, develado como una pálida sombra, y además, hueca, para buscar justicia, citó a Gobernadores y periodistas para decir nada. Sigue hablando bonito de México en discursos oficiales, endulzando el oído de quienes lo quieren escuchar, tapando con un dedo lo que ha descobijado con las dos manos. Eso no es real.
No obstante, los Obispos (y nosotros con ellos), hacen un llamado a las autoridades, para garantizar que todas las personas puedan ejercer con libertad y seguridad su profesión, a combatir la impunidad y la corrupción que tanto ha dañado a nuestra nación.
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