Por Felipe MONROY │
Todo parece indicar que en los próximos días, las calles serán testigos de un nuevo episodio en la confrontación entre quienes están a favor y quienes están en contra de la propuesta legal que busca homologar los conceptos, la razón, la cultura y los derechos del matrimonio para todo tipo de parejas no heterosexuales.
La iniciativa de ley fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo pasado, exactamente siete días después de que la Federación Internacional de Futbol Asociación le exigiera al gobierno mexicano atender primero los problemas domésticos en materia de derechos humanos antes de presentar su candidatura como sede al Campeonato Mundial de Futbol.
Por supuesto, la FIFA se refería a la crisis de derechos humanos que México ha venido arrastrando por casos de corrupción, abuso de poder y casos específicos donde las autoridades del orden (militares y policiacas) han participado directa o indirectamente en situaciones de persecución, desaparición forzada y hasta ejecuciones extrajudiciales. Casos que, no hay que olvidar, aún esperan razones de verdad y de justicia.
Sin embargo, Peña Nieto se decantó por los derechos humanos del colectivo LGBTTI y, en el marco del día nacional de lucha contra la homofobia, presentó sus intenciones por garantizar reformas a la constitución y al código civil para homologar la figura legal del matrimonio para todas las parejas no heterosexuales.
Como lo explica el especialista Guillermo Gazanini, la iniciativa se empantanó en el Congreso por los periodos de descanso legislativos y también por el poco interés de los congresistas por cumplir los procesos reglamentarios en el tema. De hecho, incluso la bancada del partido del presidente abandonó el proyecto y lo desechó de su agenda de trabajo tras valorar que quizá el tema afectó electoralmente al partido en las votaciones nacionales del 5 de junio.
En el otro frente, algunos grupos de la sociedad civil y algunos ministros religiosos no dejaron de señalar que la iniciativa presidencial no representaba el sentir de los mexicanos (la mayoría de las encuestas reflejó que más de la mitad de la ciudadanía no está de acuerdo con la homologación matrimonial a parejas no heterosexuales ni con la adopción de menores por parejas del mismo sexo), que no respondía a los criterios antropológicos fundamentales de la sociedad y que, incluso miembros de los colectivos LGBTTI, no deseaban que el gobierno les ‘diera permiso’ para asociarse bajo una institución heteronormativa patriarcal como lo es el matrimonio.
Algunas de estas reflexiones orillaron a varias agrupaciones sociales, religiosas, de participación ciudadana, educativas y altruistas a conglomerarse bajo un Frente Nacional por la Familia (FNF) cuya bandera de presentación se difundió el 25 de mayo. Este Frente Nacional recogió y presentó 240,000 firmas de ciudadanos mexicanos que se opusieron contra la iniciativa de Peña y aseguraron que dicha reforma del presidente era un “golpe letal a las familias mexicanas” y que demostraba “un autoritarismo desmedido” del Ejecutivo contra el pueblo mexicano.
En estos tres meses de debate, las voces de ministros religiosos han respaldado al FNF y han intentado explicar, desde su criterio institucional y desde sus códigos de creencias, por qué tienen derecho a disentir y a manifestar su opinión sobre los matrimonios no heterosexuales.
Sin embargo, ciertos discursos de ministros así como artículos de opinión en medios de comunicación afines han recibido denuncias ante el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred). Las denuncias también han sido presentadas ante la Secretaría de Gobernación por la condición legal especial que tienen las Asociaciones Religiosas en México. Los querellantes son miembros de la sociedad civil y, principalmente, miembros de un grupo político.
Las denuncias alegan que los ministros religiosos incurren en ‘discurso homófobo’ e incitan a actos de discriminación por homofobia. De tal suerte que la Conapred podría tener entre sus manos la posibilidad de sancionar mediante apercibimiento, medidas administrativas o de reparación del daño a los ministros o a sus asociaciones religiosas, si los querellantes verifican daños materiales e inmateriales causados en su persona por los discursos denunciados.
En el caso de Gobernación, la sanción es aún menos probable, pues las expresiones de los ministros permanecen en la esfera de la libertad de expresión y, aunque la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público sí sanciona a los ministros que critiquen la ley o llamen a desobediencia civil, el tema de matrimonios igualitarios en México es apenas propuesta y no ley.
En este escenario, el Partido de la Revolución Democrática es el único grupo político que hoy toma la bandera del presidente Peña Nieto y que exige sanciones contra los ministros religiosos. Los otros partidos (PRI-PAN-PVEM, Morena) se han bajado de la batalla.
De este modo, las sanciones que el PRD exige contra ministros religiosos por parte de Gobernación se ven improbables; excepto una que no tiene nada que ver con el tema de matrimonios igualitarios sino con el problema de gobernabilidad del mandatario perredista,Graco Ramírez, en Morelos. Para nadie es desconocido que la violencia no ha sido resuelta en el estado. La sociedad civil, grupos del sector educativo y fieles han salido a marchar y reclamar paz; incluso se han propuesto alternativas políticas para confrontar la ruta del gobernador. El obispo Ramón Castro Castro ha escuchado permanentemente este clamor social y ha dado voz a las terribles denuncias de la población: “Estamos en manos del crimen”, sentenció el religioso durante el sepelio de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, asesinada un día después de asumir el cargo. La sanción contra Castro podría llegar a leerse como un acuerdo político entre el único partido que tiene el presidente Peña como aliado en el tema de matrimonios igualitarios y la única instancia que tiene la cúpula del partido para defender la investidura de su tan criticado gobernador.
Extraña mancuerna que ha alentado al Frente Nacional por la Familia a desplegar su músculo por el país. Con sus más de mil organizaciones están convocado a dos marchas: la primera el 10 de septiembre en las principales ciudades de la República y, la segunda, el 24 de septiembre, en la Ciudad de México. De manera histórica, la propia Conferencia del Episcopado Mexicano ha convocado a los obispos y a las diócesis a organizar y patrocinar dichas movilizaciones. Por supuesto, como en toda movilización pública, encontrarán nuevos aliados y también nuevos férreos opositores.
Mientras toda esta batalla sigue provocando tensión en las instituciones y en las calles, cada vez parece menos probable que la iniciativa logre consenso o siquiera interés en el cuerpo legislativo. Esperemos que no asuma la calle lo que aún se puede llevar al debate y la razón. Porque, ¿qué ha pasado con esos crímenes contra los derechos humanos de los que se lamentó la FIFA aquel 10 de mayo?, ¿quién se acuerda de ellos?
Sólo por esta vez parece tener razón el rapero Talib Kweli quien dice: “El juego es distracción. Saltémonos la parte de la religión y de la política; vayamos directamente hacia la compasión. Todo lo demás es sólo distracción”.
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