, 30 Jun. 21 (ACI Prensa).- Ante la reciente investigación de casos de corrupción por obras públicas en Costa Rica, el Episcopado costarricense pidió a la Administración de Justicia llegar pronto al fondo del problema para que los crímenes no queden impunes y se proteja la democracia; y exhortó a los empresarios y funcionarios católicos a ser ejemplo de compromiso ético.
El 29 de junio, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR) emitió una carta titulada “Ética, transparencia y bien común”, firmada por el presidente de la CECR y Obispo de Ciudad Quesada, Mons. José Manuel Garita Herrera; y el secretario general de la CECR y Obispo Auxiliar de San José, Mons. Daniel Francisco Blanco Méndez.
En su mensaje, los obispos expresaron su preocupación frente a la “dolorosa situación” que afronta el país ante la actual investigación “sobre supuestos delitos” por un “supuesto manejo inadecuado de los recursos del Estado en el proceso de ejecución de la obra pública, tan necesaria para el desarrollo del país, sin duda han golpeado a nuestra nación”.
Recientemente, se realiza en Costa Rica una investigación para desmantelar una supuesta red de corrupción que se beneficiaba a cambio de obras públicas. A mediados de junio, el Ministerio Público allanó la Casa Presidencial y 56 instituciones, empresas y domicilios, y detuvo a 30 personas, entre ellas, empresarios de carreteras y funcionarios públicos de mandos medios, de los que 13 integran el Consejo Nacional de Vialidad.
Además, los medios informaron que el sistema criminal “causó pérdidas en el presupuesto por 78 mil millones de colones (unos 125 millones de dólares), entre 2018 y 2020”; y que el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, pidió a la Asamblea Legislativa que abra una comisión que investigue el caso. Además, el mandatario aceptó la renuncia irrevocable de su entonces asesor, Camilo Saldarriaga Jiménez, hoy investigado.
“La indignación en la mayoría de los ciudadanos es comprensible y, lamentablemente, tenemos que aceptar también que la decepción se apodera cada vez más de la población, al pensar en el deterioro de la institucionalidad costarricense”, dijeron los obispos.
Por ello, recordaron que “sin un compromiso ético de todas las personas, que ocupan cargos públicos o están en la función privada, difícilmente podremos caminar por sendas de justicia, desarrollo integral, confianza y credibilidad para toda la sociedad”.
Los obispos se refirieron a la encíclica Fratelli tutti del Papa Francisco, en la que “nos advierte que ‘cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan, porque si esto no sucede se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus diversas formas, la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a toda trascendencia y clausurada en intereses individuales’”
Dijeron que “cuando hay hechos que pueden manchar la institucionalidad del país, se atenta contra los más altos valores. Cuando se dan signos que pueden golpear la democracia, exponemos a Costa Rica a una mayor desigualdad”, y advirtieron que con ello el país corre el riesgo de caer en “una profunda degradación” que frenería “cualquier oportunidad de desarrollo social y económico”.
Los obispos expresaron su confianza “en que la Administración de Justicia llegue al fondo de esta investigación, y que no se dé margen a la impunidad, pues la sensación de que no haya justicia pronta y cumplida también socava los cimientos de nuestra democracia”.
Además, llamaron a todos los ciudadanos a ser corresponsables y “conscientes de la necesidad de trabajar juntos en miras al bien común”, para “superar los enormes retos y desafíos que afrontamos” y “consolidar la justicia en nuestro querido país”.
Asimismo, ante la próxima conmemoración de su Bicentenario en 2021, reiteraron el mensaje de su última Asamblea Plenaria celebrado en febrero de este año, donde llamaron a “recuperar y consolidar la Costa Rica de justicia social con oportunidades para todos”.
Los obispos recordaron que San Juan Pablo II dijo en su encíclica Centesimus annus que “una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia”. Por ello, “es absolutamente necesario que, en particular desde la función pública, se dé un ejercicio recto, responsable, ético y respetuoso de la ley para combatir la corrupción, en beneficio de los más necesarios y altos intereses de nuestro país”, dijeron.
Sostuvieron que las autoridades públicas elegidas “deben saberse servidores respetuosos de la ley y con la ineludible exigencia de realizar un trabajo digno y honesto, a fin de hacer valer la autoridad que les ha sido dada”; y advirtieron que de no ser así, “se perdería la solidez de los principios y de las bases en que se fundamenta nuestro Estado social de derecho”.
Los obispos llamaron a que en las próximas elecciones generales el 6 de febrero de 2022, los electores y aspirantes a cargos públicos tomen conciencia “para que juntos rescatemos y consolidemos el ejercicio de los valores éticos” que caracterizaron a Costa Rica.
Finalmente, los obispos exhortaron sobre todo a los católicos que son servidores públicos o que trabajan en el sector privado, a actuar “de conformidad con los valores y exigencias de nuestra fe cristiana” y “a poner en práctica y dar testimonio de los valores de transparencia, honestidad, responsabilidad y probidad”.
“Animados por su vocación laical propia, les recordamos su obligación de actuar en consecuencia con lo que creen, para que de esa forma puedan impregnar de los valores del Evangelio las realidades temporales en que se desenvuelven”, subrayaron.
“Pidamos al Señor, por intercesión de nuestra Madre y Patrona, la Reina de los Ángeles, que nos ayude a superar este difícil momento, y que veamos con esperanza el horizonte de nuestro futuro, trabajando y luchando entre todos para conservar y fortalecer la democracia, la honradez, la honestidad, la justicia y la paz que siempre han distinguido a nuestro país”, concluyeron.
Publicar un comentario