Está previsto que sea una concentración, no una marcha, y se extenderá a lo largo de la calle Serrano de Madrid y hasta la Plaza de la Independencia, donde se colocará un escenario el próximo domingo 28 de noviembre de 12:00 p.m a 01:00 p.m.
Según destacan, “ante los continuos menosprecios a la vida humana por parte de los poderes ejecutivo y legislativo de España, la Plataforma CADA VIDA IMPORTA convoca una concentración pacífica para mostrar públicamente el rechazo a las medidas que se están tomando en contra de la vida de las personas más vulnerables, así como mostrar el apoyo a quienes sí defienden la vida humana desde el inicio de esta, en la concepción, hasta su muerte natural”.
Y articulan la convocatoria a la manifestación a través de cuatro puntos principales que se centran en el aborto, la eutanasia, la objeción de conciencia y el nuevo delito contra los provida.
En relación con el aborto, desde la plataforma Cada Vida importa destacan que “desde la primera ley del aborto, y sólo teniendo en cuenta datos que ofrece el Ministerio de Sanidad, en España han tenido lugar más de 2 millones y medio de abortos intencionados. En 2020, 1 de cada 4 embarazos terminó en aborto”.
Y por eso subrayan que “la pendiente resbaladiza sigue en aumento: en la actualidad, los 3 casos para los que despenalizó el aborto sólo representan el 9% sobre el tota” insisten en que “por si no fuese suficientemente grave la situación, el ejecutivo anuncia una nueva ley del aborto aún más ideológica, permisiva e inhumana”.
Rebatir la ley de la eutanasia, que entró en vigor el pasado mes de junio en España, también es uno de los puntos centrales de la manifestación, ya que “sin siquiera intentar desarrollar un sistema de cuidados paliativos homogéneo y de calidad, entra en vigor la ley de eutanasia en España, en cuya tramitación se ha despreciado a los profesionales de la salud, desoído a los expertos y silenciado el debate público. Oficialmente, los poderes públicos apuestan por eliminar a las personas que sufren, en vez de por eliminar el sufrimiento de las personas”.
Como tercer aspecto, alertan de la persecución de la objeción de conciencia, ya que “la idea impulsada desde el poder ejecutivo de crear registros de profesionales de la salud objetores de conciencia, como si de una suerte de “lista negra” de disidentes se tratase, constituye un atentado al derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa recogida en el art.16.1 CE; una medida impropia de una sociedad libre y plural”.
Y recuerdan también el deseo del gobierno actual de convertir en delito la presencia de personas pro vida en los alrededores de los centros de aborto. Sobre esto, Cada Vida importa asegura que “en la actualidad no existe una red pública de ayuda a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, se quiere incluir en el Código Penal “un nuevo delito específico para las organizaciones que sí ofrecen alternativas a dichas mujeres. Se trata de una reforma de intencionalidad meramente política, ideológica y amedrentadora; y claramente inconstitucional.
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