Desdén a Garantías Individuales
Dr. Jorge Enrique Rocha Quintero
Hace un par de semanas, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) dio a conocer, a la opinión pública, su IX Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el estado de Jalisco.
Para la ciudadanía de toda la entidad resulta muy importante conocer este tipo de ejercicios sistemáticos de crítica y análisis que nos permiten evaluar, en el tiempo, los avances, los retrocesos y los nuevos retos que en materia de Derechos Humanos enfrenta el territorio jalisciense. Por esta razón, la pertinencia de conocer algunas de las principales conclusiones que arroja este documento es muy alta, y de suma importancia para aquellos que están interesados en que la vida de los jaliscienses sea cada vez mejor.
El informe contiene 12 artículos que en 139 páginas nos muestran el panorama local de los Derechos Humanos para 2015. A continuación haré una breve presentación de los textos que, a mi juicio, son los más representativos de este documento, asumiendo que la mirada personal siempre está teñida de las preocupaciones que me parecen más relevantes.
AUGE GRADUAL Y CONSISTENTE
En el artículo que presenta Guadalupe Ramos, que analiza el problema de la violencia contra las mujeres aquí, se hacen las siguientes aseveraciones: “De acuerdo a la investigación realizada en el Estudio del Feminicidio en Jalisco, del período de 1997 a diciembre de 2014 fueron asesinadas 1,194 mujeres; no obstante, en 2015 se presentó un repunte significativo con 150 asesinatos de mujeres, lo que hace un total de 1,344 mujeres asesinadas en el período 1997-2015”.
Otro dato que resulta escalofriante en cuanto a la violencia en perjuicio de las féminas, es que las denuncias por violencia intrafamiliar ante la Fiscalía del Estado pasaron de 3,622 en 2010 a 8,543 en 2015. Ramos hace un recuento sobre este grave problema y justifica la Alerta de Género que activó el Gobierno de Jalisco a principios de este año. Ha sido un problema recurrente en la entidad, y en el que, hasta ahora, empiezan a tomarse algunas medidas para afrontarlo.
Jade Ramírez y Darwin Franco, a su vez, muestran en su artículo los problemas de violaciones a los Derechos Humanos, derivados de las actividades de la delincuencia organizada en Jalisco, y la forma como las autoridades han tratado este asunto. Los autores nos recuerdan que, el 1º de mayo del año pasado, Jalisco fue el escenario de los bloqueos más violentos que hemos tenido en el país desde que se inauguró la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. Los saldos de aquel día que nos relatan Ramírez y Franco fueron los siguientes: 39 bloqueos de vialidades por la quema de 36 camiones y vehículos; tres intentos fallidos de bloqueos; 25 municipios afectados (siete en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y el resto en otros 18 municipios, sobre todo en el sur de la entidad); cuatro enfrentamientos armados; el derribamiento de un helicóptero del Ejército; 12 puntos carreteros afectados, y 19 detenidos (10 de ellos, consignados a la PGR por delitos de terrorismo y delincuencia organizada); 12 muertos (ocho militares, un policía estatal, un civil y dos presuntos delincuentes); 19 heridos (13 elementos de las Fuerzas Federales, cinco civiles y un policía estatal); 26 rutas de transporte público suspendidas; 11 sucursales bancarias incendiadas; 19 gasolineras afectadas (cinco incendiadas y en 14 existió la tentativa de incendio), y dos comercios particulares quemados. Luego de estos eventos, las autoridades federales incursionaron en algunos municipios del sur de Jalisco, entre ellos Villa Purificación, donde hubo enfrentamientos armados y personas muertas. Los autores del texto señalan que los procesos de investigación de estas muertes denotaron muchas irregularidades y se suponen graves violaciones a los Derechos Humanos.
PENOSA SITUACIÓN CARCELARIA
Otro artículo que llama la atención en el informe del CEPAD se refiere a la situación de las cárceles en Jalisco. Ana Karla González escribe que la población penitenciaria local es de 17,549 internos al cierre de 2015; cifra que nos coloca en el tercer Estado con mayor número de personas en reclusión, y en el quinto lugar en sobrepoblación, con 71.59%. González destaca que, de los 12 centros penitenciarios estatales, la mitad resiente sobrepoblación. Los casos más alarmantes, de acuerdo a la autora, son el Centro de Reinserción Social (CERESO), con 210.40% de sobresaturación, y el Reclusorio Preventivo, con 103.39%. González precisa que una de las consecuencias de esta grave anomalía es la violación a los Derechos Humanos de los reclusos.
MÁS ÁNGULOS PREOCUPANTES
Otros temas relevantes en el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco, miran a los problemas alrededor de la Libertad de Expresión en la entidad (que se abordan en tres artículos) y el análisis de la recientemente aprobada Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Jalisco. En torno al primer asunto, María Elena Hernández, Jorge Narro y Pedro Mellado Rodríguez muestran cómo la vigencia del Derecho a la Información y la Libertad de Expresión estuvieron en entredicho en Jalisco durante el año pasado. La discrecionalidad y la falta de reglas en el gasto público destinado a medios de comunicación; la precariedad laboral de los periodistas en Jalisco, y el desempeño del sistema jalisciense de radio y televisión en las elecciones del año anterior, son analizados por estos académicos y periodistas, que concluyen que este tópico representa un serio problema.
Tocante a la nueva Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Arufe y Eurídice Paredes señalan que presenta avances significativos e importantes, aunque adolece de dos problemas: se queda corta frente a la Ley Nacional, y no están claros los mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de la nueva reglamentación.
Mientras tanto, ante a este escenario poco promisorio, felices Pascuas para todos los lectores de Semanario.
Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com
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