Daleiden, junto a Sandra Merritt –también del CMP–, habían sido acusados por Devon Anderson, Fiscal de Distrito del Condado de Harris, estado de Texas (Estados Unidos), de manipular registros del gobierno, por usar licencias de conducir falsas durante su investigación a Planned Parenthood.
La acusación buscaba encarcelar a los investigadores provida por un máximo de 20 años.
En junio de este año, la jueza Diane Bull desestimó otra denuncia presentada por Anderson contra Daleiden y Merritt por supuestamente intentar comprar órganos durante su reportaje.
Los procesos encabezados por la Fiscal de Distrito del Condado de Harris contra los investigadores provida estuvieron plagados de controversias, pues el abogado de Planned Parenthood Gulf Coast, Josh Schaffer, admitió bajo juramento que la fiscalía compartió información confidencial con su despacho, en una revelación que la defensa de Daleiden calificó de “indignante e ilegal”.
En un comunicado publicado en su sitio web, el CMP señaló que “la desestimación de las acusaciones falsas y políticamente motivadas contra el líder del proyecto del CMP David Daleiden y la investigadora Sandra Merritt es una reivindicación rotunda de los derechos de la Primera Enmienda para todos los periodistas ciudadanos”.
El CMP advirtió además que este fallo es “una clara advertencia a cualquiera de los compinches políticos de Planned Parenthood que atacarían a los denunciantes para proteger a Planned Parenthood del escrutinio”.
“Planned Parenthood trató de coludirse con funcionarios públicos para manipular el proceso legal en su beneficio, y falló”, denunció la organización.
Para el CMP, un año después de revelado el primero de sus videos, las investigaciones en marcha en el Congreso de Estados Unidos “dejan claro que Planned Parenthood es la parte culpable en la recolección y tráfico de partes de bebés para lucrar”.
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— ACI Prensa (@aciprensa) 17 de julio de 2015
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